No tienen apenas opciones para regresar a su tierra de origen. La mayoría emigró a temprana edad a Venezuela, Argentina o Cuba, aunque algunos se repartieron por otros lares buscando trabajo. Ahora no se atreven a volver. La crisis les acucia y ansían regresar. Son los baleares que en su día decidieron emigrar, y que no contaban con que un Gobierno autonómico les iba a cerrar las puertas cuando decidieran mudarse.
Cientos de ellos desean volver a reunirse con sus hijos, con sus padres y familiares. Sin embargo, el Govern les echa para atrás, ya que la reforma de la Ley de Comunidades Baleares que fue aprobada en octubre del pasado año en el Parlament no se desarrolla. Los socialistas no les garantizan así ningún apoyo: si vuelven no tendrán ayuda alguna. Las prestaciones laborales a las que tienen derecho y la ayuda a la vivienda no están contempladas. En Conselleria de Presidencia sólo responde la adscrita Fundación Baleares al Exterior por boca de su presidente, Jordi Bayona, también director general de Acción Exterior. No cuentan quizás desde estas instancias con el dato de que hay 14.000 inmigrantes inscritos en el censo electoral.
El Partido Popular logró el 7 de octubre del pasado año, tras un primer fracaso en marzo, que se aprobara la reforma de la citada ley, vigente desde 1992. No se adecuaba a su juicio “a las necesidades actuales”. La redacción de una nueva ley era por tanto prioritaria a su modo de ver ya que, con su aplicación, “aparte de dar cobertura a todos aquellos que quieren volver, se daría mayor realce a los Consejos de Comunidades Baleares del Exterior, que podrían de esta manera emitir informes con carácter vinculante, incluyendo la figura del retorno”. Otra de las metas era lograr para los emigrantes los mismos derechos que los residentes en el archipiélago, tarjeta sanitaria incluida. La diputada popular, Encarna Pastor, recibía de esta forma con satisfacción el apoyo unánime de su iniciativa. Lo que nadie sospechaba entonces era que quedaría aparcada en un cajón de la Cámara.
Juan Manuel Gómez Gordiola, coordinador de Inmigración y Emigración del Partido Popular en Baleares, se muestra muy preocupado. En declaraciones a LA GACETA de Baleares insistió en que “desde el Govern no se ha hecho nada en absoluto durante esta legislatura para con los inmigrantes ni emigrantes”. Critica que la aprobación de la reforma legislativa que nos ocupa “no haya derivado en un debate parlamentario a fin de hacer cumplir su papel”, a la vez que afirma que “han incumplido su papel a la hora de liderar un debate en este sentido”. Recuerda, además, que la reforma de la Ley era una reclamación que ya habían planteado las propias Casas Baleares en anteriores Consejos de Comunidades.
Baleares es actualmente la única comunidad que no tiene reconocidas las prestaciones y ayudas institucionales a los emigrantes. Las críticas a esta circunstancia son constantes por parte de la oposición, subrayándose que “la política del Govern en este terreno se circunscribe a promocionar su imagen”.
Remedios
Las soluciones a la actual situación pasarían en sus primeros pasos , a decir de las mismas fuentes, “por convocar al Consejo de Comunidades y establecer un plan de trabajo, instando las propuestas que de allí partan para posibilitar, también, amén de su retorno y las prestaciones a que tiene derecho, las ayudas que deben recibir en el extranjero. La cobertura no va a la par con sus necesidades, que van cambiando”. Como ejemplo se puso a Argentina, donde el programa de ayuda a domicilio de la Fundación Baleares al Exterior se lleva a cabo prescindiendo de personal cualificado: “Ahora se encargan lo funcionarios de la fundación. No hay ni médicos”.
Finalmente se apuntó que la Conselleria de Presidencia, competente en esta materia “delega sus funciones en la fundación. Además no cuentan ni con el Consell”. Los miembros de pleno derecho son las consellerias de Sanidad, Educación y Trabajo.
