En esta convulsa tesitura política, en la que pocos se salvan de sufrir sus consecuencias tanto a nivel económico como anímico, se hace difícil ilusionarse con las próximas elecciones autonómicas. Mas no debería ser así para los cerca de tres mil inmigrantes que, por una u otra razón, han olvidado su obligación de empadronarse en Baleares, cifra ésta facilitada recientemente por la titular de la Conselleria d'Afers Socials, Fina Santiago. Estos votos podrían jugar un papel decisivo.
Y es que junto a a los que ya poseen permiso de residencia o certificado de registro, -9.276 potenciales electores extracomunitarios según datos del Instituto Nacional de Estadística - pueden hacer decantar para uno u otro lado la endeble balanza en la que se columpian nuestros dirigentes, la misma en la que se afianzará durante otros cuatro años un nuevo o repetido cariz ideológico. Mas el tiempo apremia si desean sumarse a la participación en el sufragio los extranjeros en situación irregular, ya que el plazo para formalizar su estancia y poder así aspirar a tal fin expira el próximo 15 de enero. Este privilegio lo pueden ostentar ahora, tras la firma de los últimos convenios, los venidos desde Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Noruega y Nueva Zelanda.
No es por tanto cuestión baladí tal decisión, sobre todo por el hecho de que otros 14.000 nuevos votantes esperan emitir su voto allende fronteras.
A pesar de que nuestro archipiélago encabeza con el 21,7 por ciento el número de empadronados a nivel nacional, la realidad es que el Govern actual busca con ahínco la captación de estos 'votos olvidados', habiendo impulsado meses atrás una amplia campaña la Conselleria de Asuntos Sociales. Desde este departamento pueden informarse de los requisitos indispensables todos aquellos que opten por tomar la decisión de entrar a formar parte del censo electoral. Personarse en el ayuntamiento de residencia es uno de los pasos previos, aunque también puede cursarse la solicitud por internet o vía postal. A todos aquellos que no posean contrato de trabajo, justificante de alquiler de vivienda, facturas de gas o electricidad o teléfono, les bastará con un certificado de residencia que justifique que llevan más de cinco años residiendo en España.
Las recientes investigaciones judiciales sobre la presunta compra de votos a una parte de la población inmigrante por parte de UM durante las pasadas elecciones, viene a rubricar de esta manera la reflexión sobre la necesidad de tomar parte en estos nuevos comicios sin ninguna clase de cortapisas o imposiciones. Baste recordar que fueron unos pocos miles de votos los que permitieron al hexapartito hacerse con la llave de todas las instituciones insulares en 2007. Por si fuera poco, el nuevo presidente de UM, Josep Melià, ha justificado estas presuntas compras de votos que investiga la Policía Nacional, como una práctica que no era desconocida por el resto de partidos, asumiendo que éstas se llevan a cabo “en todos los partidos políticos con diferentes colectivos, entre ellos el inmigrante". No debería ser así ni mucho menos.
La penosa situación en que se ven obligados a vivir la casi totalidad de los inmigrantes extracomunitarios en España deja bien a las claras cómo se las gasta este país en el ámbito laboral, político y social. El espejo de la conducta de los españoles hacia ellos nos lanza en forma de reflejo una imagen nefasta, que se resume en una sola palabra: abuso a todos los niveles.
Hace unos años, arrullados por la bonanza económica, se 'toleraba' su presencia por ser mano de obra barata, posible voto político en unos casos, y falso ejemplo en otros de cómo esta gran nación no padece de xenofobia, paradigma del socialismo recalcitrante y, en consecuencia, más de pega. Aquí, desde tiempos inmemoriales, nos hemos dedicado a echarlos con cajas destempladas, a mirarlos mal, a invadir sus países cuando la época colonial; en resumen, a hacerles la puñeta a modo de guerra, de asalto, o desprecio, que de todo hubo, ha habido y habrá.
Algunos empresarios -que no todos, ojo- se dedican ahora, aparte de darles unos sueldos míseros y de hacerlos trabajar más horas que un reloj, a tirar sus brazos a la basura cuando éstos resultan amputados en horario laboral ilegal, en subirles a un andamio de las pocas obras que quedan sin casco y, cuando se tercia, les pasan el testigo a los políticos para que llenen huecos en plazas de toros donde se celebran mítines electorales. ¿Se puede caer aún más bajo?
En Baleares, la comunidad autónoma con el índice más alto a nivel estatal de presencia de extranjeros por metro cuadrado, la vida del inmigrante ha pasado por varias etapas. Del "Mamá mira un negro" de hace poco menos de diez años, frase que se dejaba oír en la urbe cuando algún imberbe inocente vislumbraba con asombro un nuevo y 'sorprendente' color de piel, se pasó al "contrátale, total por dos duros que te va a costar, y además no se quejan", para acabar ahora con una frase que muchos se tenían guardada: ¿Pero por qué no se marchan ya todos de una vez?
El inmigrante ha sido moneda de canje, algo irremediable con lo que lidiar. Si no fuera por la constante humillación, por la brutal y sostenida situación de injusticia a la que están sometidos la mayoría de ellos -los 'afortunados' que pueden trabajar en estos momentos- parecería incluso que son sólo víctimas pasajeras de una broma macabra a causa de una absurda venganza porque no figuran con todas las de la ley como esclavos. Pero esto no puede ser así, repito. Sus valores morales, desde su apego y entrega por la familia, pasando por su entereza humana y acabando con su abnegado sacrificio sean cuales fueren las circunstancias imperantes, nos obliga cuanto menos a una reflexión y, cómo no, a resarcirles por tanta miseria que volcamos sobre sus espaldas. Las mismas, por cierto, a las que no hace mucho dábamos golpecitos de agradecimiento cuando nos tocó emigrar a otros lares menos crueles. Por eso la importancia ahora de su voto, y de un nuevo cambio de rumbo.
Publicado en Planeta Latino
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